La calle no es lugar para vivir
- CAPÍTULO ARGENTINA
- 27 ene
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En una declaración titulada “La calle no es un lugar para vivir” y recordando que “ningún ser humano es descartable”, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) se manifestó ante las recientes declaraciones de funcionarios, “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires”, sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
En su pronunciamiento, que comienza con una elocuente cita del Papa Francisco: “La pobreza es un escándalo. Escuchemos su grito de dolor”, el Capítulo Argentina de COPAJU advirtió acerca de “una creencia más profunda que no solo es jurídicamente incorrecta sino inmoral, como es que los derechos son solo para la población que pueda pagarlos”, de lo que “obviamente se sigue que no todos los seres humanos somos iguales, puesto que no seríamos destinatarios de los mismos derechos”.
Sostuvo que, si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, y que también hay coincidencia en la preocupación por el creciente número de personas en esta condición en las grandes ciudades, existen, por el contrario, “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.
Frente a esto, las juezas y jueces afirmaron que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”. Explicaron que, “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. Y, a la vez, frente a una respuesta institucional que repite “es lo que hay’”, subrayaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”.
Refiriéndose a las trayectorias de vida quienes se ven forzados a vivir en la calle, COPAJU Argentina afirmó que “seguramente sus historias están mucho más cerca de la población económicamente solvente de lo que se cree”, y planteó: “La respuesta es sencilla: mientras tuvieron trabajo no les han hecho los aportes necesarios para poder contar con algún tipo de ayuda estatal o jubilación, tampoco tuvieron acceso a un plan de vivienda acorde a sus ingresos ni a la educación formal suficiente ni a la capacitación profesional necesaria para continuar activos en el mercado de trabajo”. Sumó a esta descripción “la falta de atención a su salud” en personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, “afecciones que no reconocen diferencias de clase social”.
En resumen, concluyeron las magistradas y magistrados del capítulo, se trata de “incumplimientos de normas de jerarquía nacional e internacional”, por lo que exhortaron a los funcionarios responsables “a que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.
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