El Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (COPAJU) manifestó su profunda preocupación por los ataques de funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Este es el caso de la Jueza Natalia Ohman, quien anuló lo actuado con relación a la detención de 125 personas indigentes y en situación de calle sin orden judicial. La preocupación se configura por el ataque a la independencia judicial, más aún cuando la investigación judicial analiza el daño a personas en situación de calle y a personas cartoneras (economía popular), que son de las "personas descartadas" por las cuales el Papa Francisco tiene una preocupación especial por la omisión estatal por la vulneración de los derechos sociales, y quienes no deben ser perseguidas penalmente de manera injustificada.
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