El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) emitió una declaración para expresar su “profunda preocupación por situaciones de presión mediática y decisiones, procedimientos y actuaciones recientes que atentan contra la institucionalidad, la colaboración armónica entre los poderes que integran el poder democrático constituido en la República de Perú”.
El comunicado se refiere a “interferencias inapropiadas que buscan debilitar la autonomía e independencia de los jueces, quienes únicamente están llamados a responder a la garantía de derechos de los ciudadanos y el propósito de la paz para el bien común, en el mejoramiento colectivo”.
En ese sentido, COPAJU hizo “un llamado a la garantía de la independencia judicial y de la vigencia del principio de imparcialidad del juez, conforme al Estado Social y Democrático de Derecho, que es soporte de los derechos fundamentales, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos”.
Luego de citar como fundamento una serie de artículos de la Constitución peruana e instrumentos de normativa internacional, el Comité sostuvo: “La interferencia de un poder en otro nos da cuenta más claramente sobre lo que realmente está en juego en la Nación Peruana, que genera la erosión de sus instituciones a partir de no respetar la jurisdicción que tiene cada una de las ramas del poder público, y la extralimitación de sus poderes a partir de rencillas coyunturales. Es decir, la falta de visión a largo plazo y el deseo de supremacía”.
En ese sentido, la Junta Directiva recordó que “estas cuestiones, que también han sido señaladas por el Papa Francisco, nos interpelan como comunidad de magistradas y magistrados comprometidos con la justicia y la paz”, por lo que llamó “a exhortar la rogativa extendida en el continente por el clamor en el ideal de paz y armonía social, dentro del Estado Social de Derecho, que lejos de intimidar o generar zozobra o miedo entre los jueces, los reconozca como verdaderos realizadores de Derechos Humanos, dotados de autonomía, buen juicio y la voluntad de servicio en la realización de los derechos de las personas y los pueblos”.
La declaración concluyó señalando que “proceder de forma contraria se entiende como una grosera intromisión en las competencias y funciones propias del poder jurisdiccional dentro del Estado, con lo cual se desatiende el estado social de derecho y el orden justo, en la medida que no habría justicia sin la reclamada y constitucionalizada autonomía judicial”.
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